Publicado en Texto

La dignidad del profesorado

Miguel Ángel Santos Guerra

En una democracia existen normas que nos afectan a todos y a todas, es obligación de la autoridad exigir su cumplimiento y, cuando se desobedecen de forma reiterada e insolente, hay unas sanciones que deben imponerse por el bien común.

Escribo estas líneas sumido en la tristeza y en la indignación. He dudado mucho sobre la conveniencia de escribir este artículo porque no quería dar pábulo a quien probablemente no busque más que notoriedad para defender una causa disparatada. Pero no he podido resistir el impulso de denunciar la descalificación injusta, el desprecio infundado y la agresión infame contra el profesorado y la dirección del Instituto Ben Al Jatib, sito en la ciudad de Rincón de la Victoria, en la que resido desde hace años.

El protagonismo que ha adquirido el promotor de estos hechos y la gravedad de sus insultos hacia todos los docentes, me han llevado a denunciar los hechos y a condenarlos de manera contundente. Unos profesionales que se están dejado la piel abnegadamente cada día por educar a la juventud, no se merecen este trato. Y menos por parte de alguien que, de tener un mejor criterio, debería dar gracias de rodillas a quien realiza una tarea tan decisiva para sus hijas.

Antonio Martín, padre de dos alumnas de 16 y 17 años (cursan 1º y 2º de Bachillerato en el IES Ben Al Jatib), ha denunciado al centro porque sus hijas han sido expulsadas durante diez días por negarse reiteradamente a llevar ‘bozal’ en los recreos. Llamar bozal a la mascarilla solo puede ser fruto de la torpeza o de la desfachatez. Una mascarilla es una mascarilla y un bozal es un bozal. No diré más sobre esta cuestión lingüística porque quiero evitar una agresión demasiado fácil.

Esta familia ha declarado una guerra sin cuartel al profesorado por la sencilla razón de que obligan a sus hijas, como al resto del alumnado, a usar la mascarilla durante los recreos. Obligación que no nace de una iniciativa del centro sino del decreto 20/21, de las instrucciones de la Comisión Interterritorial de Salud y de la Junta de Andalucía que han impuesto un protocolo para salvaguardar la salud de la comunidad educativa. Es decir, que la dirección del IES ha obligado a cumplir una norma en el marco de su estricta responsabilidad. Calificar por ello de dictadura a la institución es de una torpeza y de un cinismo difícilmente superables. Hablar de prolongadas coacciones es una forma torpe y ruin de tergiversar la realidad.

He oído unas declaraciones de Antonio Martín en el programa Espejo Público, de Antena 3. La ley impone la mascarilla en espacios abiertos cuando no se puede garantizar la distancia de seguridad. Y en un patio no puede garantizarse salvo que hubiese otra norma que impidiese a los demás acercarse a sus hijas. De hecho llevamos constantemente la mascarilla por la calle (un espacio bien abierto). Porque nadie garantiza que no vaya a pasar alguna persona a nuestro lado y no vamos a ir quitándola y poniéndola cuando alguien se aleja o se acerca. Proclamarse defensor de la ley, como si quien ha denunciado al centro fuese un purista cumplidor de la norma es una treta que, por otra parte, no justifica su actitud desafiante, insolente y amenazadora. Se pueden ver en las redes las imágenes grabadas por las dos alumnas en las que se muestran las distancias en que se encuentran otros alumnos y alumnas en el patio. ¿Y si pasa alguien corriendo a su lado? Este capricho de la familia impide a sus hijas una convivencia normal con los compañeros y compañeras en los recreos.

¿Qué decir de las contradicciones de este defensor de la ley, como quiere proclamarse? ¿Grabar y difundir imágenes de otros alumnos y alumnas es legal? ¿Proferir insultos y calumnias sobre el profesorado y la dirección es legal? ¿Negarse a cumplir la sanción impuesta es legal?

No es necesario que quien impone la norma sea médico como, al parecer se ha argumentado. Es la OMS, son los comités científicos, son los especialistas quienes ofrecen los argumentos de los que salen los protocolos. Y el sentido de responsabilidad y el sentido común los que nos tienen que animar a acatar la norma. Una norma que, por cierto, no solo protege a las hijas del denunciante sino que protege al resto de la comunidad. Ellas son libres de hacer con su vida lo que quieran, pero no de contaminar a otros que no desean contagiarse.

Flaco favor les está haciendo a sus hijas este padre recalcitrante que quiere tener razón contra las evidencias científicas, la universalidad de las prescripciones y la aceptación unánime de los protocolos por parte de la comunidad educativa. Este hombre se parece a aquel abuelo que viendo desfilar a su nieto exclamaba: «Todos marcan mal el paso en el ejército, menos mi nieto».

Pienso en las hijas de este iracundo padre que, en lugar de exigir que tengan respeto hacia el profesorado, le ven proferir insultos gravísimos en conversaciones y escritos. Insultos que, además, generaliza, atribuyéndolos a todos los integrantes de la profesión docente. Bien es cierto que este tipo de generalizaciones descalifican más a quien las hace que a quien las recibe.

Todas las piedras que los padres y las madres lanzan contra el tejado de los centros caen sin remedio sobre la cabeza de sus hijos y de sus hijas. He escrito muchas páginas sobre la necesaria colaboración de la escuela y la familia. Resulta una obviedad decir que, para que la barca avance, es preciso que todos los que reman lo hagan en la misma dirección. En este caso, no es que la familia no reme en el mismo sentido sino que trata de romper la cabeza con los remos a quienes están esforzándose por llevar a sus hijos y a sus hijas a buen puerto. Qué torpeza, qué deslealtad, qué mal ejemplo.

Me parece deseable ejercer la crítica para ayudar a que las instituciones mejoren. Pero una cosa es discernir y otra, muy distinta, demoler. Aquí no ha existido crítica, aquí lo que ha habido es insurrección, agresión, mentira, y desvergüenza. No se puede aceptar que, en nombre de la libertad, se produzca una agresión brutal y una descalificación de todo el profesorado. La libertad de expresión no puede confundirse con libertad de agresión.

En una sociedad en la que quien tiene información tiene poder, el profesorado pone todo su saber al servicio de los demás. No hay profesión que tenga, a mi juicio, una mayor dignidad. Sé que el profesorado, en estos tiempos de pandemia, está realizando un trabajo ímprobo para hacer bien su tarea. Sé que los centros educativos están siendo seguros porque toda la comunidad educativa está esforzándose al máximo por cumplir las normas con rigor. No merecen el profesorado una agresión de esta brutalidad. No merece esta descalificación por el simple hecho de exigir el cumplimiento de la norma, una norma beneficiosa para toda la sociedad.

Las autoridades educativas (inspección, delegación provincial, consejería de educación) han intervenido, como no podía ser de otro modo, para proteger al profesorado y para exigir el cumplimiento de la norma. Educar es enseñar que tenemos obligaciones que cumplir, no solo derechos que exigir.

Es probable que Antonio Martín se encuentre ofuscado por un protagonismo que no tenía y que esté aupado por grupos de negacionistas que han convertido su causa en una bandera. Sería más hermoso que tuviera protagonismo por otros motivos: participación en programas de colaboración con el IES, colaboración con Organizaciones de defensa de la escuela pública, iniciativas culturales… Le veo activo en las redes sociales, acudiendo a las televisiones, escribiendo cartas, denunciando manifestaciones… Utiliza a sus hijas para una causa innoble y, a su vez, es manipulado por quienes alimentan con sus bravatas una causa insostenible a la luz de los hechos.

La cuestión es bien sencilla: en una democracia existen normas que nos afectan a todos y a todas, es obligación de la autoridad exigir su cumplimiento y, cuando se desobedecen de forma reiterada e insolente, hay unas sanciones que deben imponerse por el bien común. Así de sencillo. Parece mentira que un adulto no lo entienda y que tache de dictadura el que existan normas y el que se exija su cumplimiento. ¿O es que considera que sus hijas pueden ser una excepción? ¿Por qué motivo? ¿Por ser hijas de quien son? Sus ideas, las que sean, no le dan patente de corso para hacer lo que se le antoje.

Lo terrible del caso es que la postura de insubordinación de las alumnas esté alentada, si no suscitada, por los padres. ¿Y si mañana sus hijas no quieren respetar la luz roja del semáforo por considerar que se trata de una norma dictatorial? ¿Tienen derecho a atropellar a un viandante o a otro vehículo?

Lo que más me ha indignado del caso es la sarta de insultos que este padre reparte a diestro y siniestro contra el profesorado. Qué injusticia, qué estupidez, qué ingratitud. Tachar a todos los docentes de «HDGP (sic) de profesores públicos», «ignorantes psicóticos», «dictadura de ineptos que no tiene ni puñetera idea de nada», «casta asquerosa»… es inadmisible y denunciable. Que lo haga un padre, que ha de dar ejemplo ante sus hijas de respeto y gratitud hacia quienes las enseñan, es especialmente lamentable. Y que lo haga de forma tan ostensible, chulesca y desafiante, llevando a las televisiones, a las redes y a los medios su ridículo y ofensivo discurso, es casi inconcebible.

El Adarve

Red Iberoamericana de Docentes